11.10.10

Els Simpsons i la globalització neoliberal

M'encanta i em sorpren l'actualitat i l'acidesa dels simpsons i com pot ésser que ho emetin per la Fox den Robert Murdoch...

8.9.10

Los verdaderos brotes verdes

A nadie le cabe duda que los ecologistas han ganado la batalla de las ideas. Sin embargo, hasta la fecha, no han sabido materializar ese éxito en una fuerza política sólida a nivel nacional. Parece que hay indicios de que esta situación puede cambiar. Algo se mueve en el ecologismo político de nuestro país. A raíz de la iniciativa del ex director de Greenpeace España, Juan López de Uralde, catapultado a la fama gracias a la detención por su acción en Copenhague se está barruntando un partido verde que aglutine al ecologismo español. El reto de López de Uralde no es pequeño, se trata de unir y coordinar a un atomizado y numeroso reino de taifas. De momento ya tiene forma, una fundación, y un nombre: Equo. Entre los fines de Equo destacan "promover la sostenibilidad económica, social y ambiental, reduciendo la huella ecológica para conciliar el desarrollo humano con los límites físicos del planeta y poniendo el bienestar humano y la justicia social como objetivos de la economía". 
 
Otros puntos son "defender los derechos de los animales", "contribuir a un cambio de modelo económico superador del capitalismo y el productivismo" y a "la mitigación del cambio climático mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a los niveles y en los plazos recomendados por la comunidad científica". También apuestan por "un modelo energético basado en la gestión y reducción de la demanda, el ahorro y la eficiencia, las energías renovables y la generación de electricidad distribuida y las redes inteligentes".

Es el primer paso para ir buscando apoyos hasta convertirse en el futuro en un partido político. Si el proyecto cuaja estaremos de enhorabuena. Ya era hora que en el abanico parlamentario se metiera, por fin, una cuña verde. En un escenario de cambio de modelo energético en el que nos movemos la voz de los ecologistas debe ser escuchada. Y también es necesario que puedan frenar la escalada transgénica de nuestro país; en España se cultivan el 68% de los organismo modificados genéticamente de la UE.
 
El Zapaterismo de la primera legislatura dio muestras de verdadera sensibilidad medioambiental. Y sedujo a gran parte del ecologismo. De hecho, Rodríguez Zapatero, aupó a la cartera ministerial a Cristina Narbona, una mujer conocedora de la problemática medioambiental y muy sensible y activa a la hora de tomar medidas. Probablemente la mejor ministra de medioambiente de la democracia. Algo no muy difícil teniendo en cuenta que han ostentado el cargo personas de la talla de Jaume Matas, quien de medioambiente sabe mucho, sobretodo a la hora de destruirlo y, supuestamente, enriquecerse al mismo tiempo. Pero volviendo a Narbona: hizo grandes esfuerzos para proteger el litoral y empujar hacia un necesario cambio en el modelo energético. Se entendía muy bien con los grupos ambientalistas. Pero se pasó de buena y en la segunda legislatura zapateril fue enviada al exilio parisino en forma de embajadora de España ante la OCDE.  No cabe duda de que perdió el pulso frente a la biotecnología de Garmendia.
 
El primer giro brusco de zapatero no fue el social, mucho antes ya dejó en la estacada a las personas comprometidas con el respeto al medioambiente que habían confiado en sus promesas electorales. El político José María Mendiluce fue el encargado de tender los puentes. Se partió por la mitad y la desilusión acumulada no ha sido poca. En este sentido, a la derecha mejor ni mirar, ya que lo único que nos encontraremos es al primo de Rajoy. Uno de los capítulos políticos más vergonzosos de los últimos años.
 
Es el momento de que España tenga una formación parlamentaria como la mayoría de países europeos, donde llega a alcanzar un 10% de los votos. Parece que López de Uralde es respetado por todos y puede ser la clave de una cúpula muy delicada y heterogénea. Ahora toca llegar a alianzas que den paso a una confederación. En Balears, Els Verds aplauden la iniciativa de Uralde que les pilla en plena convergencia con Iniciativa d’Esquerres, la formación surgida de la escisión de Esquerra Unida liderada por David Abril y Fina Santiago. Miquel Àngel Llauger, diputado por Els Verds en el Parlament Balear quiere contribuir a consolidar el proyecto. Iniciativa per Catalunya Verds, el único partido verde con un diputado en el Congreso, Joan Herrera, también ha mostrado su interés en sumarse.
 
Tendremos que estar atentos una vez más a Catalunya ya que allí se quiere experimentar una candidatura conjunta de todos los partidos verdes de cara a las próximas elecciones. Si funciona será el modelo a seguir de cara a las Generales de 2012. Los partidos convencionales: PSOE, PP, IU  ya pueden empezar a prepararse porque es muy posible que si este proyecto cuaja pueda canalizar el desencanto creciente entre el electorado. 
Frente a los que afirman que un partido de este tipo no es necesario ya que los partidos actuales ya llevan propuestas medioambientales en sus programas, Florent Marcellesi coportavoz de la Coordinadora Verde contesta que “habrá diferencias sustanciales en materias como las centrales nucleares, los transgénicos, la crisis económica, el cambio climático, las relaciones Norte/Sur, los derechos digitales y libertades en la red, las desigualdades sociales, la transformación de los modelos productivos y de consumo, el bienestar animal o la construcción de infraestructuras faraónicas, entre otras muchas”.
 
Los impulsores de este proceso miran hacia la confederación francesa Europe Écologie, dirigida por el líder ecologista europeo Daniel Cohn-Bendit. (Sino sabes quién es no te pierdas este video)
 
Parece que Salgado tenía razón y salen brotes verdes, aunque no son los que ella se esperaba.
 
Alberto Fraile - 08/09/2010

Europa ante Francia

Si el presidente de la Comisión Europea cree que con un lacrimógeno llamamiento a "no despertar los fantasmas del pasado", como el que ayer dirigió, sin nombrarlo, al Gobierno francés desde el Parlamento Europeo a propósito de la deportación de gitanos, ha cumplido con sus obligaciones, es que Durão Barroso vive en la inopia. Su inane queja contrasta con la firmeza demostrada por su antecesor, Romano Prodi, frente al acceso del ultraderechista Haider al Gobierno austriaco. Y es tanto más de lamentar en el año de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que se suponía crucial para el desarrollo de la UE y que contiene una Carta de Derechos Fundamentales plenamente constitucionalizada.
Si resulta mordaz que París señale la efemérides violando los derechos de la minoría gitana, todavía es peor que la Comisión, guardiana legal de los Tratados, reduzca esta obligación a mera retórica. La reprimenda ayer a Francia del Parlamento Europeo, con la excepción del PP y apenas un centenar de diputados en los escaños, no añade especial intensidad a la general indiferencia de las instituciones y los líderes de la UE por una situación lacerante.
La expulsión de gitanos ordenada por Nicolas Sarkozy, más de 8.000 en lo que va de año, además de atentar contra la Constitución francesa violenta media docena de artículos de la nueva Carta europea de derechos. Muy directamente el 19, por el cual "se prohíben las expulsiones colectivas"; el 22, que ordena respetar la "diversidad cultural"; y el 45, que defiende el "derecho a la libre circulación y residencia". La Carta no obliga únicamente a las instituciones comunitarias, sino también "a los Estados miembros cuando apliquen el derecho de la Unión".
La libre circulación de los gitanos no es un privilegio susceptible de otorgarse o denegarse según los caprichos de un dirigente, sino puro derecho común. El Ejecutivo comunitario viene obligado, pues, a abrir una auténtica investigación sobre la actuación francesa; y a adoptar las medidas pertinentes. El Gobierno de Francia es responsable de atentar contra su propia ley, hundir el prestigio de su historia como país paladín de las libertades y de crear falsos culpables en esta coyuntura de crisis. La Comisión de Bruselas solo es un vulgar cómplice. Sucede, sin embargo, que esta actúa no solo en nombre de los franceses, sino también de todos los europeos. En nuestro nombre.

El País 09/09/2010

18.7.10

La impotencia de la izquierda europea

La crisis actual muestra no solo el carácter despiadado del capitalismo liberal y financiero -despiadado en el sentido de que lo único que le importa es sacar el máximo beneficio en detrimento del derecho y de la vida de millones de seres humanos explotados, excluidos y humillados por el desempleo-, sino también la dramática impotencia de las fuerzas progresistas y, muy en particular, de la izquierda europea para ofrecer una alternativa creíble frente a los errores de este sistema.

Si la izquierda quiere oponerse a este sistema debe aprender a trabajar a escala europea. Si tomamos solo el caso de Europa, nos encontramos ante una situación que desafía a la imaginación. Por un lado, se ha atajado la crisis financiera (parcialmente, es cierto) gracias a las cuantiosas ayudas que los Estados europeos han aportado a las instituciones bancarias, y sin que estas estuvieran realmente obligadas a revelar el estado de sus activos y la naturaleza de los productos derivados. En cambio, la Comisión de Bruselas, después de haber actuado con pasividad en la crisis financiera, ha recuperado su papel de guardiana del dogma ultraliberal esgrimiendo las exigencias del Pacto de Estabilidad, que impone a los Estados unas reducciones drásticas de los déficits públicos. Lo cual significa que los impuestos de los ciudadanos deben servir no solo para financiar los bancos, sino también para salvar a los Estados de las amenazas de Bruselas.

Durante este tiempo, Grecia se ha desmoronado y España, Irlanda y Portugal se encuentran en una dramática situación en cuanto a la deuda y a las finanzas públicas. Pero una vez más son los ciudadanos quienes deben pagar el grueso de la factura. Se reducirán sus derechos sociales siempre en función de un único parámetro: disminuir las rentas de trabajo para mantener las de capital. Es la filosofía política que predomina en todos los partidos conservadores, a la cabeza de los cuales está la Alemania de la señora Merkel. Filosofía que ahora se ha impuesto brutalmente a los tres Gobiernos socialdemócratas del sur de Europa (España, Portugal, Grecia). Y, teniendo en cuenta la relación de fuerzas en Europa, estos últimos no pueden sino someterse a estos mandamientos, cuando no son ellos mismos partidarios.

Pero lo más grave es ver cómo se extiende la impotencia de la izquierda europea. Podíamos haber esperado, por ejemplo, una iniciativa común de los sindicatos europeos, una acción coordinada, aunque hubiera sido simbólica, para reafirmar la solidaridad de condición de los asalariados y desempleados ante las duras restricciones que padecen. Pero nada. Podíamos haber esperado que los intelectuales de izquierda se lanzaran a la batalla. Pero nada. Impera el silencio. Es el grado cero de la izquierda política e intelectual europea.

Y, sin embargo, la crisis es la gran oportunidad para reafirmar esta solidaridad, ya que el capitalismo financiero acaba de demostrar una vez más que no tiene patria, sino solo intereses, que son los de las grandes empresas multinacionales. Enfrente tiene a ciudadanos incapaces de organizarse a la misma escala, a sindicatos que huyen en espantada, pero incapaces de unificar su resistencia legítima, y a partidos políticos de izquierdas totalmente apáticos. En Alemania, el SPD critica con razón las medidas antisociales de Merkel, pero su programa es de una confusa ambigüedad sobre lo que podría ser una respuesta a la crisis. Se abstiene de defender una recuperación global y evita enfrentarse a la canciller sobre la política del euro fuerte y del incentivo al ahorro, que castigan hoy la recuperación europea. En Reino Unido, el Partido Laborista está aniquilado, su programa se parece como una gota de agua al del partido del actual Gobierno conservador. En Francia, el Partido Socialista sigue en la inopia, no propone ninguna seria alternativa socioeconómica al Gobierno. Sabíamos que la crisis de la izquierda era profunda. Ahora sabemos que es trágica.

Pero también sabemos que la crisis económica no se resolverá rápidamente, y que nos esperan días difíciles. Ha llegado la hora de que la izquierda europea se recomponga y sobre todo que haga propuestas que no sean solo insustanciales y tímidas adaptaciones a las medidas tomadas por los grandes centros financieros. Propuestas realistas y socialmente progresistas para modernizar las relaciones sociales y convertirse en una alternativa creíble, movilizadora, frente a las derivas de un sistema económico exclusivamente dedicado al culto del beneficio y de la especulación financiera. Si la izquierda europea quiere oponerse de verdad a este sistema globalizado que ha logrado dividir como nunca a los asalariados, debe aprender a trabajar y actuar solidariamente a escala europea.

Sami Naïr  (Traducción de M. Sampons)  -  El País  -  17/07/2010

10.7.10

Per uns Verds d'esquerra, per una Esquerra verda

Els Verds e Iniciativa d´Esquerres inician su fusión

10/07/2010 EFE. PALMA. Els Verds de Mallorca e Iniciativa d'Esquerres, grupo escindido de Esquerra Unida que lideran la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, y David Abril, han acordado hoy iniciar un proceso para fusionarse en un solo partido, algo que podría suceder el próximo otoño.

Las ejecutivas de ambos partidos se han reunido esta mañana en el Centro Cultural de Can Alcover de Palma para poner en común ideas y opiniones, con el objetivo de colaborar en la creación de un nuevo partido político ecologista y de "izquierda alternativa", según informan ambos en un comunicado.

Durante el encuentro de hoy, se ha marcado un calendario de reuniones entre los miembros de los dos partidos con la finalidad de que durante el próximo otoño se celebre una asamblea donde se podría producir la fusión.

Los partidos indican que "mucha gente se puede sentir identificada" con este nuevo partido, en especial aquélla "que se encuentra perdida dentro un mundo capitalista depredador, tanto con los derechos de las personas como con el medio ambiente".

Las ejecutivas de los partidos han firmado un documento titulado "Por unos verdes de izquierda, por una izquierda verde", en el que expresan sus puntos de acuerdo en temas como la ecología, la economía, el nacionalismo y la corrupción política.

En cuanto a la ecología, el documento indica, entre otras cosas, que la condición de Mallorca de territorio insular "hace particularmente visible la contradicción entre crecimiento ilimitado y limitación de los recursos" y que, por ello, se debe exigir que se refuercen las políticas de contención urbanística y de protección de espacios naturales.

En el aspecto económico, defiende los servicios públicos y el trabajo digno, así como un modelo productivo que se base "en la reconciliación entre la actividad humana y el entorno".

Ante la crisis económica actual, apuesta por un mayor control de las instituciones y mercados financieros para evitar la "vulnerabilidad de millones de ciudadanos".

"Las recetas ortodoxas de más precariedad laboral y menos servicios públicos deben ser contestadas desde una oposición crítica y consciente de la situación, pero capaz de afirmar las prioridades de la democracia y la igualdad de oportunidades", apunta el texto.

En el ámbito del nacionalismo, ambos partidos apuestan por "fomentar un sentimiento de identidad que vaya más allá de la procedencia y que haga de la lengua catalana uno de sus elementos básicos de articulación".
"La idea de un encaje en una España plural está resultando socavada por la involución que se está imponiendo desde las diferentes instituciones (y desde las instancias de poder y mediáticas) del Estado central", explica el documento.

El texto añade que "es necesario afirmar que las Islas Baleares tiene también una identidad nacional propia, que no pueden renunciar a profundizar en el autogobierno y que cualquier forma de convivencia se debe basar en el libre derecho de las partes a decidir sobre su propio futuro".

Respecto a la corrupción, incide en el "desprestigio" de la política, ante lo que aboga por poner medidas para conseguir una mayor transparencia y control de la actividad política.

9.6.10

La necessària reforma electoral

Sistema electoral: ¿gobernabilidad o fraude?

PSOE y PP, con apoyo de los nacionalistas, quieren dar carpetazo a una reforma que establezca en España la igualdad del voto. El sistema actual, bipartidista y conservador, es manifiestamente discriminatorio



Para preocupación y escándalo de los ciudadanos, la subcomisión parlamentaria para la Reforma Electoral -creada en 2008, pero con numerosas interrupciones en lo que debió ser su normal desarrollo- pretende dar carpetazo definitivo a la demanda de recuperar el principio democrático de una persona, un voto, histórica e infructuosamente reclamado desde hace más de dos décadas por Izquierda Unida (IU), incluso por Jordi Solé Tura durante la propia ponencia que redactó originalmente la ley. Los objetivos últimos del vigente sistema electoral, con clara vocación bipartidista y conservadora, se han ido reforzando a través de factores internos y externos a lo largo de la experiencia democrática. El repetido efecto de gota malaya en las sucesivas elecciones ya celebradas ha servido también para redirigir las consecuencias del voto útil como elemento disuasorio frente al apoyo de potenciales electores hacia otras fuerzas políticas de ámbito estatal, como es el caso de IU, más allá de los dos partidos mayoritarios. 

Cabe recordar brevemente que este modelo electoral tuvo su origen en las postrimerías del franquismo como uno de los condicionantes del consenso constitucional, junto al mantenimiento del Concordato con el Estado Vaticano en relación a los límites de la aconfesionalidad del Estado, y en consonancia con las limitaciones al federalismo y el blindaje de la forma de Estado como monarquía constitucional o parlamentaria. Su finalidad principal fue desde el principio favorecer la gobernabilidad, aun a costa del principio representativo y de la proporcionalidad. Se prima mediante diversas fórmulas a dos formaciones mayoritarias en detrimento del resto de fuerzas estatales, aceptando de hecho un "bipartidismo imperfecto" que permite la convivencia con formaciones nacionalistas. Estas, si bien no se benefician directamente del sistema, tampoco se ven perjudicadas por él y perpetúan así su vocación de partidos bisagra de cara a la gobernabilidad.

Ciertos teóricos aplauden la eficacia de este modelo no solo por facilitar la formación de mayorías absolutas sino por hacerlo también a gobiernos en minoría que no necesitan de coaliciones estables. La cuestión es que un sistema que prima de manera abusiva la gobernabilidad sobre la representatividad pasa a ser un sistema mayoritario (no proporcional) y reduce al mínimo el espacio del juego parlamentario en la configuración del Gobierno. A menudo, estos teóricos son los mismos que tachan a las minorías de ámbito estatal como marginales, insultando así a sus votantes y despreciando uno de los principios del pluralismo político, del que demuestran tener una visión muy corta.
Determinados componentes técnicos en las reglas del nuevo juego democrático ya marcaban de antemano la búsqueda por perpetuar el predominio conservador. La atribución de dos escaños como mínimo por provincia, independientemente del número total de habitantes de cada una -priman las hectáreas, no los ciudadanos-, en la práctica impone una ventaja de partida a la derecha de más de una decena de escaños, incrementando la representatividad parcial de determinadas circunscripciones con una distribución sociopolítica del electorado muy definida.

Para responder a quienes creen que la no modificación del sistema electoral perpetúa unas reglas del juego que son neutras basta con que conozcan que el importante aumento en la última década del censo poblacional de algunas provincias por efecto de la inmigración -o que luego no se traslada en aumento de censo electoral- ha provocado un vuelco de la representación, reduciendo drásticamente las posibilidades de fuerzas como IU, con clara implantación y mayor porcentaje de votos en zonas urbanas industrializadas -Asturias, Vizcaya o algunas capitales andaluzas-, que ven bajar su número de escaños a favor de otras zonas como Levante.

Se ha impuesto en la práctica un sistema mayoritario, no proporcional, que lleva a que mientras al PSOE o al PP les cuesta lograr un escaño una media de entre 60.000 y 65.000 votos, esta cifra se tenga que multiplicar por siete u ocho para cada diputado de IU, que necesita del apoyo de más de 465.000 electores para ocupar una plaza en el Congreso, eso sin contar con los posteriores problemas de porcentaje para poder formar grupo parlamentario propio. Este bipartidismo inducido se ha ampliado geométricamente como consecuencia de la polarización política y del alineamiento mediático que han venido caracterizando a la política de consumo que se corresponde con el modelo económico neoliberal predominante, acentuándose este proceso en la última década.

La ofensiva de la derecha contra las conquistas del Estado social y democrático de derecho y la renuncia socialdemócrata a la defensa de sus principios, es decir, la convergencia política neoliberal, han venido acompañadas de la polarización y la sobreactuación en términos excluyentes a lo largo de la alternancia de gobiernos de PSOE y PP. También se ha producido un cambio trascendental en buena parte de los medios de comunicación, con un predominio asfixiante del conservadurismo político, la concentración e internacionalización de sus accionistas y la pretensión de convertirse en algo más que el denominado Cuarto Poder, al alimón con el poder económico, como fuerzas determinantes de la sociedad de consumo de masas.

En suma, la anomalía que supone que la tercera fuerza política del Estado en número de votos se convierta en la sexta en número de diputados merced al carácter mayoritario y no proporcional del sistema electoral en la mayoría de circunscripciones se ha convertido en un escándalo democrático, no sin cierta hipocresía por parte de las fuerzas políticas directa o indirectamente beneficiadas.
Las elecciones de 2004 marcaron un punto de inflexión que motivó el compromiso del candidato del PSOE de promover, ya entonces, la reforma electoral. Pero no fue posible emprenderla en esa legislatura debido al veto de la derecha y de los nacionalistas, contrarios a crear una subcomisión parlamentaria. La legislatura 2008-2012 comenzó de nuevo con la impresión de que la reforma electoral era inevitable. Debido a las presiones de IU, entre otras razones, esta vez sí se pudo crear esa subcomisión, pero da la impresión de que la estrategia de los partidos mayoritarios, con el apoyo de los grupos nacionalistas, quiere dar de nuevo al traste con una prioridad de primer orden para acabar con el fraude democrático existente.

Lo que reclamamos simplemente es que se recupere el carácter proporcional y representativo de nuestro sistema político, en absoluto un sistema electoral a la carta como tratan algunos de hacer ver de forma interesada y torticera. Para lograrlo, dentro de las variadas propuestas que hemos presentado -la inmensa mayoría avaladas en el completo informe del Consejo de Estado hecho a petición del propio Gobierno- no sería necesaria siquiera la tan manida reforma constitucional. Está claro que una reforma perfecta pasaría porque la circunscripción dejara de ser la provincia y lo pasara a ser la comunidad autónoma o que se incrementara, de acuerdo con la evolución demográfica, a 400 el número de diputados, algo que ya está contemplado por la Constitución. Pero una reforma de la actual Ley Orgánica Electoral también puede contemplar pasar de dos a uno el número de diputados fijo por provincia, con lo que se liberarían 50 escaños. Estos servirían, o bien para repartirlos entre las circunscripciones con mayor población, en las que ahora se rompe la proporcionalidad al multiplicarse el número de votos necesario para lograr un diputado, o bien para crear un "fondo estatal de votos" -construido a partir de todos los sufragios sobrantes tras el reparto del último escaño en cada provincia- a través del cual asignar esos 50 escaños liberados.

Todo ello se completaría por la sustitución de la aplastante Ley D'Hondt, creada para primar a las dos opciones más votadas y crear mayorías estables a costa de las formaciones minoritarias, por otra forma de cálculo, y existen varias, que respete más la proporcionalidad de los votos.

Si prevalece este fraude electoral con argumentos como el de propiciar la gobernabilidad, no solo quedará cuestionada la representatividad de nuestro sistema democrático sino que se consagrará de hecho como un fraude a la Constitución.




Gaspar Llamazares es portavoz parlamentario de IU y ponente en la subcomisión parlamentaria para la Reforma Electoral


El País. 07/06/2010

La Realitat

28.5.10

Per la unitat del nacionalisme progressista

Pere Sampol | 28/05/2010 


A les eleccions autonòmiques i municipals de 1995 el nacionalisme va obtenir el millor resultat electoral de la història de les Illes Balears. El PSM va aconseguir prop del 14% dels vots, que es traduïren en cinc diputats per Mallorca i un per Menorca. D'altra banda, també aquell any, entraren a les institucions, per primera vegada, altres formacions polítiques que pugnaven per part de l'espai polític del PSM: Unió Mallorquina (que a les anteriors eleccions s'havia presentat amb el PP), Esquerra Unida a Mallorca i Els Verds a Eivissa.

Aquestes formacions adquiriren més protagonisme polític gràcies a la presència parlamentària. Al mateix temps, tot coincidint amb un moment àlgid d'ERC a Catalunya, Esquerra s'organitza a Mallorca i a Eivissa i entra en la disputa pel mateix espai electoral. Per si no fos poc, en la passada legislatura Entesa per Mallorca s'escindeix del PSM. En pocs anys, per tant, hem passat d'una única formació política amb representació parlamentària dins l'espai nacionalista, a sis formacions.

Aquesta fragmentació d'un espai tan limitat, encara en construcció, ha suposat seriosos entrebancs al creixement d'aquest espai polític: El fre a l'afiliació política, per tal com la divisió ha desmotivat la participació de persones que no s'han decidit per cap de les formacions existents.

La dispersió de candidatures municipals, que han optat per la forma d'agrupació d'electors (la qual cosa comporta un escàs compromís de captació del vot autonòmic per a cap de les formacions polítiques). La pèrdua de centralitat política, entesa com la voluntat d'arribar a àmplies capes socials, pel fet que la disputa per l'espai nacionalista, d'esquerres o ecologista ha radicalitzat el discurs de tots, allunyant-nos de la majoria social.

Tots aquests elements han provocat la pèrdua de pes i de presència institucional del nacionalisme progressista, la qual cosa ha coincidit, a més, amb el rearmament ideològic del nacionalisme espanyol més ranci, que gaudeix d'àmplies plataformes mediàtiques que influeixen considerablement en l'electorat del nostre país. Cal, per tant, simplificar l'espai nacionalista progressista i que tots els partits facem un esforç per posar les coses més fàcils als nostres electors i per generar il·lusió entre nous votants.

Al meu entendre, la millor solució és la unificació (o la refundació, o el reagrupament, o com es vulgui dir) d'aquest espai en una sola organització política. Al marge de la qüestió programàtica, aquesta organització unitària ha de complir uns mínims organitzatius que són:

Ha de tenir la sobirania de decisió en les Illes Balears, al marge de qualsevol altra opció exterior.
Ha de comptar amb una estructura federal paritària entre illes, en la qual les decisions es prenguin per consens.
Ha de tenir un funcionament intern totalment democràtic, basat en el vot personal dels militants, que elegirien els seus representants institucionals a partir dels mèrits personals de cada candidat.

Pens, a més, que ara es donen les condicions polítiques perquè aquesta nova organització política obtingui un bon resultat electoral. La corrupció del Partit Popular i Unió Mallorquina, juntament amb el descrèdit de Zapatero i les polítiques antisocials que impulsa, poden afavorir electoralment l'ascens d'una formació que enarbori la bandera de l'honestedat. Una opció unitària del nacionalisme progressista i ecologista pot engrescar, de bell nou, moltes persones i candidatures municipals a tots els municipis de les Illes Balears. És hora, per tant, del patriotisme de país i no del patriotisme de partit.

PD: Aquesta és la meva opinió personal, i així l'he expressada en el llibre El nacionalisme progressista, editat per la Fundació Emili Darder i Documenta Balear. Ho defens públicament i en privat, encara que fa uns dies Hilari de Cara, per una conversa de dos minuts amb mi, deduí que la meva intervenció és postissa ja que traspua odi cap a Entesa per Mallorca. Per ell, el problema de la divisió del nacionalisme som jo i dues o tres persones més (totes del PSM, naturalment).

Doncs bé, la frase fatídica que vaig pronunciar és que, mentre alguns dels representants d'Entesa defensen que la ruptura amb el PSM es va produir perquè hi havia dos projectes polítics distints, jo pens que, si no ens convencem que tots plegats participam d'un sol projecte, fracassarem. Però que no es preocupi n'Hilari, que jo no faig comptes participar del procés que els partits han encetat (i que voldria que arribàs a bon port). No serà per mi, si es frustra aquesta oportunitat.

15.5.10

Lo que no se dice de la Crisis

La crisis que están viviendo algunos países mediterráneos –Grecia, Portugal y España– e Irlanda se está atribuyendo a su excesivo gasto público, que se supone ha creado un elevado déficit y una exuberante deuda pública, escollos que dificultan seriamente su recuperación económica. De ahí las recetas que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo (BCE) y el Consejo Europeo han estado imponiendo a aquellos países: hay que apretarse el cinturón y reducir el déficit y la deuda pública de una manera radical.
Es sorprendente que esta explicación haya alcanzado la dimensión de dogma, que se reproduce a base de fe (el omnipresente dogma liberal) y no a partir de una evidencia empírica. En realidad, ésta muestra lo profundamente errónea que es tal explicación de la crisis. Veamos los datos.
Todos estos países tienen los gastos públicos (incluyendo el gasto público social) más bajos de la UE-15, el grupo de países más ricos de la Unión Europea, al cual pertenecen. Mírese como se mire (bien gasto público como porcentaje del PIB; bien como gasto público per cápita; bien como porcentaje de la población adulta trabajando en el sector público), todos estos países están a la cola de la UE-15. Su sector público está subdesarrollado. Sus estados del bienestar, por ejemplo, están entre los menos desarrollados en la UE-15.
Una causa de esta pobreza del sector público es que, desde la Segunda Guerra Mundial, estos países han estado gobernados la mayoría del periodo por partidos profundamente conservadores, en Estados con escasa sensibilidad social. Todos ellos tienen unos sistemas de recaudación de impuestos escasamente progresivos, con carga fiscal menor que el promedio de la UE-15 y con un enorme fraude fiscal (que oscila entre un 20 y un 25% de su PIB). Son Estados que, además de tener escasa sensibilidad social, tienen escaso efecto redistributivo, por lo que son los que tienen mayores desigualdades de renta en la UE-15, desigualdades que se han acentuado a partir de políticas liberales llevadas a cabo por sus gobiernos. Como consecuencia, la capacidad adquisitiva de las clases populares se ha reducido notablemente, creando una economía basada en el crédito que, al colapsarse, ha provocado un enorme problema de escasez de demanda, causa de la recesión económica.
Es este tipo de Estado el que explica que, a pesar de que su deuda pública no sea descomunal (como erróneamente se presenta el caso de Grecia en los medios, cuya deuda es semejante al promedio de los países de la OCDE), surjan dudas de que tales Estados puedan llegar a pagar su deuda, consecuencia de su limitada capacidad recaudatoria. Su déficit se debe, no al aumento excesivo del gasto público, sino a la disminución de los ingresos al Estado, resultado de la disminución de la actividad económica y su probada ineficacia en conseguir un aumento de los ingresos al Estado, debido a la resistencia de los poderes económicos y financieros.
Por otra parte, la falta de crédito se debe al excesivo poder del capital financiero y su influencia en la Unión Europea y sus Estados miembros. Fue la banca la que, con sus comportamientos especulativos, fue creando burbujas que, al estallar, han generado los enormes problemas de falta de crédito. Y ahora están creando una nueva burbuja: la de la deuda pública. Su excesiva influencia sobre el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (este último mero instrumento de la banca) explica las enormes ayudas a los banqueros y accionistas, que están generando enormes beneficios. Consiguen abundante dinero del BCE a bajísimos intereses (1%), con el que compran bonos públicos que les dan una rentabilidad de hasta un 7% y un 10%, ayudados por sus agencias de calificación (que tienen nula credibilidad, al haber definido a varios bancos como entidades con elevada salud financiera días antes de que colapsaran), que valoran negativamente los bonos públicos para conseguir mayores intereses. Añádase a ello los hedge funds, fondos de alto riesgo, que están especulando para que colapse el euro y que tienen su base en Europa, en el centro financiero de Londres, la City, llamada el “Wall Street Guantánamo”, porque su falta de supervisión pública es incluso menor (que ya es mucho decir) que la que se da en el centro financiero de EEUU.
Como bien ha dicho Joseph Stiglitz, con todos los fondos gastados para ayudar a los banqueros y accionistas se podrían haber creado bancos públicos que ya habrían resuelto los problemas de crédito que estamos experimentando (ver mi artículo “¿Por qué no banca pública?”, en www.vnavarro.org).
En realidad, es necesario y urgente que se reduzca el sobredimensionado sector financiero en el mundo, pues su excesivo desarrollo está dañando la economía real. Mientras la banca está pidiendo a las clases populares que se “aprieten el cinturón”, tales instituciones ni siquiera tienen cinturón. Dos años después de haber causado la crisis, todavía permanecen con la misma falta de control y regulación que causó la Gran Recesión.
El mayor problema hoy en la UE no es el elevado déficit o deuda (como dice la banca), sino el escaso crecimiento económico y el aumento del desempleo. Ello exige políticas de estímulo económico y crecimiento de empleo en toda la UE (y muy especialmente en los países citados en este artículo). No ha habido una crisis de las proporciones actuales en el siglo XX sin que haya habido un crecimiento notable del gasto público y de la deuda pública, que se ha ido amortizando a lo largo de los años a base de crecimiento económico. EEUU pagó su deuda, que le permitió salir de la Gran Depresión, en 30 años de crecimiento. El mayor obstáculo para que ello ocurra en la UE es el dominio del pensamiento liberal en el establishment político y mediático europeo, imponiendo políticas que serán ineficientes, además de innecesarias. Y todo para asegurar los beneficios de la banca. Así de claro.

Vicenç Navarro

Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/2013/lo-que-no-se-dice-de-la-crisis/

8.4.10

GARZON

Cuando las próximas generaciones sepan que los principales corruptos de un partido fundado por un ministro de Franco, nunca arrepentido de haber servido a la dictadura, y los que tienen el valor de reclamarse de la Falange, se han unido y han conseguido, en un régimen aparentemente democrático, sentar en el banquillo de los acusados al juez que quiso investigar su corrupción y los crímenes del franquismo, juzgarán, sin duda, que la ausencia de una dictadura militar hace aún más vergonzoso el nivel cívico de una sociedad que es capaz de permitir esos extremos.- Martín Sagrera Capdevila. Madrid.

Carta al Director publicada a El País - 08/04/2010




EL PROXIMO 24 DE ABRIL A LAS 18:30 EN TODA ESPAÑA SALGAMOS A MANIFESTARNOS EN APOYO AL JUEZ GARZON Y CONTRA LOS ATAQUES INTERESADOS DE LA DERECHA CORRUPTA DE ESTE PAÍS



26.3.10

Ganan los falangistas

Juzgar a Garzón por investigar el franquismo supone una aberración histórica difícil de explicar


El rechazo por la Sala Segunda del Tribunal Supremo del último intento de Garzón de desactivar las querellas del sindicato ultraderechista Manos Limpias y de Falange Española sitúa al juez a un paso del banquillo de los acusados. A la aberración histórica de que los crímenes del franquismo se vuelvan desde el ominoso pasado contra el juez que intentó abrir una causa penal sobre ellos se añade la jurídica de considerar ese intento como un acto prevaricador. La previsible apertura del juicio oral, tras remover el Tribunal Supremo el obstáculo que lo impedía, llevará a la suspensión automática de Garzón en sus funciones y a su expulsión de la Audiencia Nacional.

Cómo puede ser prevaricadora una actuación judicial que, por más controvertida que sea, se sitúa dentro de la amplia autonomía del juez penal en la averiguación del delito, no ha sido explicada suficientemente por el instructor Varela, y no tendrán fácil argumentarla sus compañeros del Supremo por más avezados que estén en razonamientos jurisprudenciales. Insisten de nuevo en que no es "arbitraria, ilógica o absurda" la hipótesis prevaricadora. Pero, ¿no cabría decir lo mismo de la hipótesis contraria: la no prevaricadora? No es arbitrario, ilógico o absurdo mantener que Garzón actuó dentro de unos márgenes jurisdiccionales que hacen creíble y razonable esa hipótesis y que, por ello, debieron ser rechazadas unas querellas que interfieren dolosamente en la actividad jurisdiccional.

¿Debería Garzón haber rechazado de plano las denuncias de familiares de víctimas del franquismo que yacen todavía en fosas comunes presumiblemente por causa de actos delictivos? Presumiblemente, porque nunca hubo averiguación de los hechos, ni tampoco consta en los registros oficiales certificación alguna sobre el fallecimiento y sus causas. No habría sido el proceder correcto de un juez penal. Si las denuncias son o no infundadas; si los hechos son o no delictivos, han prescrito o están amnistiados, son cuestiones a dilucidar en el procedimiento. Igual sucede con la competencia. Todavía está pendiente de dilucidar si las diligencias sobre apertura de fosas corresponden a juzgados del lugar o a la Audiencia Nacional. Y quien tiene que hacerlo es el Tribunal Supremo: el mismo que parece haber prejuzgado el asunto actuando contra una de las partes. ¿Cómo habría que tipificar esta actuación?

Por si fuera poco, la causa contra Garzón ha permitido a un partido de corte fascista como Falange Española y de las JONS -¿o hay constancia de que se haya desligado de su doctrina fundacional sobre la "dialéctica de los puños y las pistolas" como instrumento de acción política?- se declare "ofendido" por un simple amago de investigación de crímenes que el propio Varela denomina "horrendos". ¿Puede el máximo tribunal de un Estado democrático dar amparo a una pretensión que muchos españoles de hoy consideran ultrajante y difícilmente compatible con los valores democráticos?

El País - 26/03/10